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Lima.- El presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, Fernando Eguren, advirtió que la reciente derogatoria de un literal del Art. 5 del decreto de urgencia 001-2011, decretada por el Gobierno el pasado 17 de febrero no resuelve el problema de la inconstitucionalidad de ese decreto y del 002-2011. “La decisión del Gobierno sólo aborda el componente medioambiental de los D.U. 001 y 002- 2011, con la reintroducción de las certificaciones ambientales como requisito de cualquier actividad económica que aspire a una autorización administrativa. Pero queda en pie la inconstitucionalidad de ambos decretos y, por ende, la necesidad de derogarlos en su integridad” advirtió. Gobierno abusa de la aplicación de los Decretos de Urgencia para favorecer a los inversionistas. Jaime Escobedo, abogado miembro del Observatorio peruano “Tierra y Derechos” de CEPES, recuerda que hay antecedentes del uso sistemático de los Decretos de Urgencia por parte del Gobierno con el objeto de prioriza